Manifiesto de las victimas y exiliadas políticas de Colombia en la Zona Norte del Estado Español
Hoy 09 de abril de 2025 las víctimas y exiliadas políticas que conformamos la Mesa de Víctimas (Pueblo y Dignidad, Congreso de los Pueblos Europa, Asociación Corazones Rotos, Colombia Aurrera, Asociación Jorge Freytter y Asociación Bachue Elkartea) de la zona norte del Estado español, Agradece este gesto y compromiso del Consulado de Colombia en Bilbao en el RECONOCIMIENTO por parte del Estado colombiano en los lamentables hechos sufridos de manera individual, colectiva y familiar de las víctimas y exiliadas colombianas. A su vez, agradecemos a la comunidad internacional, al Parlamento Vasco y al Intergrupo parlamentario de Solidaridad con Colombia, así como a las instituciones, organizaciones sociales y políticas, y al pueblo vasco, por su apoyo incondicional durante más de 30 años a las víctimas y personas exiliadas colombianas.
Las víctimas y exiliadas de Colombia, INVOCAMOS: los artículos 23, 25 y 28 de la Ley 1448 de 2011 sobre el derecho de las víctimas a la reparación Integral; Como también el artículo 21 de la Ley 2124 de 2024 en su Parágrafo 2 que nos identifica como exiliadas por encontrarnos fuera del territorio nacional (desplazamiento trasnacional). A su vez, el artículo 139 sobre medidas de satisfacción de la Ley 1448 con relación a las “Acciones que proporcionan bienestar y contribuyen a mitigar el dolor de la víctima”.
Según la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad-CEV-: “El Estado debe reconocer su responsabilidad ética y política en la desprotección de sus ciudadanos/as, que derivó en la salida del país de cientos de miles. Las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas deben promover acciones nacionales e internacionales de reconocimiento del exilio, con la participación de organizaciones de víctimas y la sociedad civil, así como de los organismos nacionales e internacionales que han contribuido a la defensa de la vida de las personas colombianas en numerosos países mediante la defensa legal, la ayuda humanitaria y el acompañamiento psicosocial, entre otros, y establecer los mecanismos específicos para la reparación administrativa a las víctimas en el exilio. De manera específica, el Estado colombiano debe reconocer su responsabilidad histórica, ética y política donde llevó a cabo acciones de guerra y actividades ilegales contra defensores de derechos humanos y víctimas ahora en el exilio, incluyendo organizaciones de diferentes países, como ocurrió en la llamada operación Europa (interceptaciones ilegales, persecución y hostigamientos por parte del Departamento Administrativo de Seguridad [DAS]) a diferentes colectivos y personas en el exterior. Este reconocimiento contribuirá a desestigmatizar el trabajo de los defensores de derechos humanos sobre Colombia en distintos países” (Comisión de la Verdad, La Colombia fuera de Colombia, págs. 499 y 500).
Por su parte, el Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad ha instado a las embajadas y consulados de Colombia a llevar a cabo actos de reconocimiento en los siguientes términos: “Los actos públicos de reconocimiento a la población colombiana en el exilio tienen como objetivo avanzar en las garantías de no repetición, contribuyendo a la reconstrucción de la convivencia, a resarcir las heridas del pasado, y a saldar la deuda histórica por parte del Estado con el pasado y el presente de todas las personas colombianas que se vieron obligados a huir del país en búsqueda de protección”.
La Corte Constitucional de Colombia, en el mismo sentido, había declarado, en la sentencia C-579/13, que: “Salir del país ha significado para muchas personas la única opción segura para proteger su vida porque el Estado no respondió a sus demandas de protección ni a 3 sus denuncias, no previó situaciones de empeoramiento para la población civil y no pudo -o no quiso- garantizar la seguridad de las personas. (…). La obligación de respeto de los derechos humanos implica el deber de evitar o impedir cualquier violación de los derechos; la obligación de protección implica ‘impedir que terceros interfieran y obstaculicen el ejercicio de un derecho’; y la obligación de garantía implica que el Estado se organice para ‘asegurar el libre y pleno ejercicio de sus derechos”.
Los impactos
Colombia ha vivido un conflicto social, político y armado por mas de seis décadas, que ha generado 1 millón de personas colombianas exiliadas-refugiadas según el informe de la CEV 2022 y 6 millones de migradas colombianas en el mundo, siendo la primera nacionalidad en Euskadi con 34.473 residentes y 19.789 nacionalizadas o con doble nacionalidad, según el Observatorio Vasco de Estadísticas-EUSTAT, 2023-.
El exilio es la segunda victimización del país después del desplazamiento forzado interno, y es uno de los mas largos en el mundo, ya que tiene la misma duración del conflicto armado. Las personas exiliadas políticas y víctimas no vinimos buscando el sueño español o europeo. Fuimos expulsadas de nuestros territorios por parte del Estado, grupos paraestatales y actores fácticos al servicio de gobiernos que nunca garantizaron nuestra seguridad, libertad ni el derecho a la vida —ni la nuestra, ni la de nuestras familias y organizaciones sociales. Cruzamos el charco, como solemos decir, dejando atrás a nuestros seres queridos, bienes materiales, trabajos y el tejido social al que pertenecíamos: liderazgos, sindicatos, juntas de acción comunal, movimientos sociales, universidades… espacios que nos impulsaron a luchar por una vida digna, por la democracia, por la soberanía y por un país mejor.
Aterrizamos en los países de acogida donde hemos sido estigmatizadas, enfrentando barreras para reconstruir un nuevo proyecto de vida: desde la falta de regularización administrativa y las dificultades para acceder al derecho de asilo, hasta el limitado acceso a derechos básicos como el empadronamiento, la vivienda, la sanidad y el trabajo. En este tránsito, incluso llegamos a perder nuestra identidad personal: ‘no somos de aquí, ni somos de allá’. Nosotras seguimos ligadas desde la distancia a nuestros procesos sociales, no hemos cortado el cordón umbilical con nuestra tierra, desde aquí seguimos en la búsqueda de la Verdad, la Justicia, la Reparación Integral y la No Repetición, por lo que hoy en este importante acto de reconocimiento, los representantes del estado colombiano pidan perdón a las víctimas, a nuestras familias y a los procesos sociales a los que pertenecemos, que se han visto afectados con nuestro desplazamiento transfronterizo.
Creemos importante el resarcimiento de la dignidad de las víctimas, de las afectaciones y violaciones a nuestros derechos, el reconocimiento por parte de la sociedad y del Gobierno de los daños causados, porque el destierro es un proceso forzado, largo, traumático y peligroso. Las víctimas y exiliadas seguimos siendo INVISIBILIZADAS por parte de las instituciones, los ciudadanos y los gobiernos.
Hoy tenemos un gobierno distinto a los 200 años anteriores, que conoce el sufrimiento del desarraigo puesto que parte de la familia del actual presidente también le ha tocado exiliarse. No queremos que más personas tengan que vivir esta situación, porque el exilio, es la muerte política, social, cultural y familiar, por esto el exilio debe ser tipificado como DELITO DE LESA HUMANIDAD.
Queremos decirle a nuestro Gobierno y a los representantes de la zona norte del Estado español, que aquí también hemos sido algunas veces revictimizadas por algunas instituciones, sectores políticos o sectores de la sociedad, que nos ven como un problema, siendo todo lo contrario, porque aportamos a esta sociedad nuestra mano de obra, pagamos los impuestos y la Seguridad Social como cualquier ciudadano/a y hemos aportado culturalmente a este país con nuestra gastronomía, nuestra cultura, enfoque políticos, saberes científicos y populares.
Solicitamos que:
- El Estado colombiano debe reconocer su responsabilidad ante la falta de protección y garantías, causantes de la salida de millones de colombianos/as.
- El Estado colombiano debe proporcionar los mecanismos jurídicos y el reconocimiento de las víctimas y exiliadas-refugiadas como una grave violación a los Derechos Humanos y un Crimen de Lesa Humanidad.
- Para que las personas víctimas y exiliadas tengan el acceso a las medidas de reparación, se debe facilitar lo contemplado en las leyes 1448 de 2011 y la Ley 2421 de 2024, garantice la Restitución, Indemnización, Rehabilitación, Satisfacción y Garantías de No Repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
- Firmar acuerdos bilaterales que garanticen la protección internacional para que sea reconocida como una necesidad política por otros países e instituciones internacionales.
- El gobierno de Colombia debe dar información de contexto a otros países para que las demandas de quienes piden protección fuera del país sean atendidas y no se desestimen bajo el criterio de que existió un Acuerdo de Paz, pues el conflicto político, social y armado persiste.
- Que este evento que realiza hoy el consulado no sea ni el primero, ni el último, las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH se siguen cometiendo.
- Es necesario incorporar al ordenamiento jurídico de Colombia los conceptos de extraterritorialidad, insilio y retorno, que permita especificar y fortalecer los 5 puntos relacionados con Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que también afectan a las víctimas, exiliadas y refugiadas.
- En cuanto a la incorporación del desplazamiento forzado transfronterizo de las mujeres y sus impactos diferenciales, es necesario implementar el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional.
- Que se lleve a cabo el desmonte efectivo del Paramilitarismo y las políticas militaristas de la fuerza pública que hoy está arraizada en estas instituciones.
- Continuar con la Mesa de Trabajo de Víctimas y Exiliadas de la zona norte como proyección a desarrollar incidencia, denuncia, acompañamiento y fortalecimiento a las organizaciones de victimas y de ayuda a las víctimas, como mecanismo consultor.
- Impulsar la creación de una política integral de Retorno Digno y seguro, que integre las disposiciones de las Leyes 1565 de 2012, la 1448/2011 de Víctimas y la 2421 de 2024.
- El exilio político colombiano ha sido un actor clave en la construcción de paz y la solidaridad internacional. Desde hace más de 30 años, ha mantenido viva la agenda de Colombia en el exterior, promoviendo memoria, denuncia y resistencia. El exilio también hace paz, y debe ser reconocido e incluido en las agendas oficiales como parte activa del proceso de transformación y justicia.
Dar la palabra a los y las exiliadas es una forma de abrir un camino para que su experiencia sea reconocida y su voz escuchada y tenida en cuenta.
Por las Victimas hoy presentes en este Acto de Reconocimiento:
Luz Meri Forero Hernández, Antonio Palacios Romero, Liliana Ulchur, Mateo Gutiérrez, Nohora Stella Vásquez Beltrán, José Goyes, Zacarías Enciso Ruíz, Socorro Rincón Chinchilla, Armando Valbuena Pallares, Camila Andrea Bautista, Marisol Boyacá Páez, Irma Calderón Olaya, Dolores Villacob Rangel, Yuri Enrique Neira Salamanca, Nubia Vélez Vinasco, Efraín Guerrero, Jorge Freytter-Florian, Vanessa Freytter-Florian, Mónica Freytter-Florian, Eneko Gerrikabeitia Zenarrutzabeitia, Ana María Herrero, María Susana Perdomo Hernández, Alexandra Bermúdez, Milagro Barrios Ferrer, Elizabet María Borja García, Gustavo Enrique Mestre Cubillo, Cristian Leyva Gutierrez, Sara Agirre Aristizabal, Mario Humberto Calixto Montañez, Mireya Perea Perea, Saudi Mireya Calixto Perea, Mario Ernesto Calixto Perea.
Vitoria-Gasteiz, 09 de abril de 2025, Parlamento Vasco.
